Anteprojecte de Llei d'Integració dels Immigrants a la Comunitat Valenciana
16 de juny de 2008
dilluns, 28 de juliol del 2008
dimarts, 22 de juliol del 2008
diumenge, 13 de juliol del 2008
dissabte, 12 de juliol del 2008
La Eurocámara condena a Berlusconi por el plan para fichar a los gitanos en Italia
El País - ANDREU MISSÉ - Bruselas - 11/07/2008
dimecres, 9 de juliol del 2008
Miradas sobre los Derechos Humanos
CEAR PV ha organizat un nou cicle de projeccions i debats sota el títol "ABRE TU PUERTA A LOS REFUGIADOS. MIRADAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS"
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Des d'aquest juliol fins juny de l'any vinent, cada mes ens plantejen un tema específic: migracions, víctimes de la globalització, refugiats mediambientals, infància, esclavitud, guerres, dones refugiades, racisme, tortura... La proposta inclou la projeccció de la pel·lícula seguida d'un debat en sessions presentades per una persona experta en cinema i un altra al tema objecte d'atenció.
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Totes les projeccions es realitzaràn al MuVIM a les 19 hores.
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Proper dilluns, 14 de juliol, es projectarà la pel·lícula
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dilluns, 7 de juliol del 2008
Acte de Protesta
dimarts, 1 de juliol del 2008
RAZONADA EXPLICACIÓN. El País. Soledad Gallego Díaz.
La llamada Directiva de retorno ha provocado una gran polémica en España, hasta el extremo de que el presidente del Gobierno aprovechó el debate parlamentario del miércoles para asegurar que "algunas críticas sólo pueden proceder de la ignorancia supina o la demagogia irresponsable". Para facilitar la comprensión de la polémica, lo más conveniente es la lectura directa de los artículos objeto de discusión. Por ejemplo, los relacionados con la expulsión de menores no acompañados. El artículo 8 bis.2 de la directiva, dice:"Las autoridades del Estado miembro de que se trate, antes de expulsar de su territorio a un menor no acompañado, deberán haber obtenido la garantía de que esa persona será entregada a un miembro de su familia, a un tutor previamente designado o a unos servicios de recepción adecuados en el Estado de retorno". (Cursivas propias). La crítica se centra en la entrega del menor "a unos servicios de recepción adecuados en el Estado de retorno". Fundamentalmente, porque "Estado de retorno" no significa necesariamente el país de origen del menor. Todo el mundo está de acuerdo con que se retorne al niño o al adolescente a su familia o a un tutor legal, por ejemplo, las autoridades de su país de origen. Pero en el artículo 3 de la misma directiva se afirma: "A efectos de esta directiva se entenderá también por "retorno" el proceso de vuelta a un país de tránsito, con arreglo a acuerdos de readmisión comunitarios o bilaterales o de otro tipo".El lenguaje de la UE puede ser muy árido, pero de lo que se trata es muy sencillo. Un menor no acompañado de Sierra Leona podrá ser "retornado" a los "servicios adecuados" (signifique eso lo que signifique) de, pongamos por ejemplo, un país como Mauritania, con el que la UE o España haya firmado acuerdos en ese sentido. Los críticos afirman que no se puede enviar a un menor a un lugar extranjero, ni confinarlo allí, por mucho que se pague una cantidad de dinero a las autoridades de ese tercer país por cada menor acogido. Los más enfadados hablan de deportación encubierta. (Deportar, según el diccionario, significa echar a alguien de un territorio, llevarlo a un lugar, por lo regular extranjero, y confinarlo allí por razones políticas o como castigo).En relación con los periodos de internamiento forzoso de inmigrantes "irregulares", las críticas se centran en el artículo 14.2: "El internamiento será decidido por las autoridades administrativas o judiciales (...) Cuando haya sido ordenado por una autoridad administrativa, los Estados miembros dispondrán el control judicial rápido de la legalidad del internamiento que deberá decidirse lo más rápidamente posible desde el comienzo del internamiento".Ningún ciudadano europeo querría ser detenido por las autoridades administrativas de Marruecos, por ejemplo, con la simple garantía de un control judicial "que se decida lo más rápidamente posible". Exigiríamos un tope de 72 horas, como máximo. Además, todo salta por los aires en el caso de situaciones de emergencia (número excepcionalmente alto de inmigrantes que deban ser expulsados), porque el artículo 15 ter. dice expresamente que, mientras persista esa situación, el Estado miembro "podrá conceder periodos más largos para el estudio judicial a que se refiere el artículo 14.2". ¿Qué significan en este contexto conceptos como control rápido y más largo?El punto tres de ese mismo artículo dice que se revisará la medida de internamiento a intervalos razonables (¿?) y que (sólo) en el caso de internamiento prolongado (¿?) las revisiones estarán sometidas a la supervisión de una autoridad judicial.Finalmente, está el problema del tiempo de internamiento forzoso, con las garantías ya criticadas. El mismo artículo 14.4 dice que "cada Estado miembro fijará un periodo limitado de tiempo, que no podrá superar los seis meses". El punto 5 añade: "Los Estados miembros podrán prorrogar el plazo previsto en el apartado 4 por un periodo limitado no superior a los doce meses de acuerdo con su derecho interno". (Total, 18 meses). El artículo 15 dice que como norma general el internamiento se llevará a cabo en centros especializados, pero que el Estado miembro podrá recurrir a centros penitenciarios, "vigilando que los inmigrantes estén separados de los presos ordinarios". El tope será, pues, 18 meses en una celda carcelaria. Éstas son las razones por las que la mayoría del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo votó en contra de la directiva y sólo 34 (16 de ellos españoles) a favor. Es de esperar que no sea al Grupo Socialista del PE, ni a sus razonadas quejas, a quienes el presidente del Gobierno calificó el miércoles de ignorantes o demagogos.Dicho todo esto, es cierto que el Gobierno podrá mantener en España disposiciones que sean más favorables a los inmigrantes irregulares. Así lo recoge la directiva europea. Pero también es cierto que cualquier Gobierno, español o de cualquier otro país europeo, con mayoría suficiente, podrá asumir la directiva en sus topes máximos, sin hacer nada que no haya sido ya autorizado, y alabado, por los socialistas españoles y por su presidente.
LOS LÍMITES DE LA CONFUSIÓN. El País. Soledad Gallego Díaz.
Los 16 miembros del PSOE que apoyaron la directiva europea se alinearon con Fini, Bossi y el PP. En el caso concreto de esta directiva, el Gobierno español está obligado a que las leyes o normas sobre internamiento de inmigrantes se ajusten a ella. Como el texto aprobado dice que los inmigrantes sin documentación podrán permanecer detenidos "hasta 18 meses", la legislación española podrá ampliarse de 40 a 60 días, como se ha anunciado, sin problemas y, si así lo desea, este Gobierno, o cualquiera otro que le sustituya en el futuro, podrá ir cambiando esa legislación "hasta" los 18 meses mencionados en la directiva. El problema con lo sucedido el pasado miércoles por el PE es que la directiva dice lo que dice y significa lo que significa, por mucho que en España los responsables políticos socialistas estén empeñados ahora en hacernos creer otra cosa. Los hechos son también los que son: 16 europarlamentarios socialistas españoles rompieron el voto de su grupo (102 socialistas votaron en contra y 48 se abstuvieron) y apoyaron sin turbación alguna una propuesta defendida, entre otros, por el Partido Popular, por la Alianza Nazionale de Gianfranco Fini, la Liga Norte de Umberto Bossi y por el partido político polaco que dirigen los famosos gemelos Kaczynski. Esa es la realidad. El PSOE asegura que nunca se llegará en España al tope de 18 meses de internamiento. ¿Por qué no? ¿Piensa que va a estar en el Gobierno de España legislatura tras legislatura? Con esta votación, Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista han renunciado a criticar cualquier decisión en materia de internamiento de inmigrantes no documentados que tome en el futuro cualquier Gobierno popular. El colmo sería que el PSOE pretendiera movilizar a la opinión pública contra un Gobierno que, en el fondo, se estaría limitando a aplicar unas normas aprobadas gracias, precisamente, a los votos socialistas. El pasado miércoles fue un día triste. Para los socialistas españoles, para sus simpatizantes y para quienes han creído en la construcción europea. Los primeros han visto cómo sus dirigentes renunciaban a parte de su memoria, no solo la histórica sino incluso la personal, para apoyar una directiva que creen que les ayudara a conservar el voto de las clases medias y trabajadoras, asustadas por la inmigración. Los segundos, porque ven cómo se aleja un propósito europeo que ha sido para muchos de sus ciudadanos un proyecto que protegía las libertades, ponía límites a la demagogia y al populismo, y aseguraba la racionalidad y el derecho. Si el camino que se empieza a recorrer es otro, si la construcción europea ya no es un objetivo basado en esos principios quizás no merezca la pena. Si el PE no ha sido capaz de paralizar una directiva como ésta, entonces, hay que replantearse muchas cosas.Como siempre, habrá socialistas que se quejen del buenismo de quienes piensan que todo está bien. No se trata de eso. Todos sabemos que la inmigración sin control es un problema serio, que es difícil compaginar el derecho a controlar las fronteras y el derecho de los inmigrantes. Pero la obligación de un Gobierno democrático debería ser buscar un equilibrio que respete los derechos humanos de los inmigrantes. Con esta directiva no se pretende "ordenar" la inmigración, como no se cansa de decir el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Se trata claramente de una nueva normativa de represión. Eso es todo. Una directiva que reduce, por no decir elimina, la protección legal de personas que no han cometido ningún delito pero que resultan incómodas.Los ciudadanos tenemos poca memoria, es cierto, pero en este caso a muchos nos será difícil olvidar a los tres únicos europarlamentarios socialistas que se negaron a someterse a las órdenes de su partido. Josep Borrell y Ramón Obiols, que votaron en contra, y Marti Grau i Segu, que se abstuvo. Quizás su gesto de dignidad sea castigado como lo fue el diputado Juan Antonio Barrio, que se atrevió a votar contra el pase del jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, David Taguas, a la patronal de la construcción. Es posible. Pero sus nombres no se olvidarán. Los de los 16 que firmaron la directiva junto a Fini y Kaczynski quedarán apuntados en un papel.
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